La Procuraduría General de la Nación emitió recientemente fallos en primera instancia, imponiendo sanciones de suspensión e inhabilidad especial de cuatro meses a dos docentes de instituciones educativas locales, tras confirmarse casos de maltrato físico y verbal hacia sus alumnos.
En el primer caso, la Regional de Juzgamiento de Cundinamarca ratificó que uno de los docentes amarró y amordazó a un estudiante, incumpliendo su deber como servidor público de tratar con respeto e imparcialidad a las personas bajo su cargo.
El Ministerio Público señaló que estos hechos, ocurridos en 2022, contribuyeron a un entorno conflictivo que derivó en la deserción de la mitad de los alumnos inicialmente matriculados. Además, el docente había recibido quejas constantes de los padres de familia y reportes de agresiones por parte de compañeros de trabajo.
En un segundo caso, otro docente, que también fungía como director rural de una institución educativa indígena, fue declarado responsable de agredir física y verbalmente a dos estudiantes, de 11 y 16 años. Se reportó que el maestro golpeó a uno de los alumnos en la cabeza y al otro en la espalda, además de utilizar lenguaje ofensivo. Estos actos reflejan una deficiente gestión emocional y una incapacidad para manejar adecuadamente los conflictos en el ámbito escolar.